El gobierno de Costa Rica ha puesto en marcha un importante plan migratorio destinado a regularizar el estatus de miles de extranjeros que residen en el país. Esta iniciativa tiene como objetivo principal organizar el creciente flujo migratorio y brindar estabilidad a personas que se encuentran en situación irregular o que mantienen solicitudes de refugio pendientes desde hace meses o años. Esta medida estratégica permitirá a los migrantes, en su gran mayoría provenientes de países como Nicaragua y Venezuela, acceder a permisos de trabajo formales y servicios de salud, facilitando así su integración directa en la economía formal de la nación. El gobierno ha destacado que este proceso de regularización no solo responde a compromisos fundamentales de derechos humanos, sino que también representa una ventaja económica al incorporar a estos trabajadores al sistema tributario y de seguridad social. No obstante, se ha enfatizado de manera categórica que los solicitantes deberán someterse a estrictos controles de antecedentes penales y cumplir con rigurosos requisitos legales para calificar.
