Durante décadas, el adoctrinamiento escolar en la isla presentó la intervención militar en África como una epopeya romántica de «internacionalismo proletario». Sin embargo, detrás de la propaganda oficial se esconde uno de los capítulos más dolorosos y manipulados de nuestra historia contemporánea. El 5 de noviembre de 1975 dio inicio formalmente la llamada Operación Carlota, el despliegue masivo de tropas ordenado por Fidel Castro para intervenir en la guerra civil de Angola y asegurar en el poder al Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), una facción de corte marxistaleninista liderada por Agostinho Neto.
Bajo el pretexto de saldar una supuesta deuda histórica con el continente africano, el régimen convirtió a toda una generación de jóvenes en peones del tablero de la Guerra Fría. Se estima que en aquella fase decisiva participaron entre 25,000 y 36,000 cubanos —contingente que se rotaría y multiplicaría a lo largo de dieciséis interminables años de conflicto hasta 1991—.
Aunque el discurso oficial insistía en que los combatientes marchaban de forma voluntaria, en la práctica la negativa de un recluta o reservista a partir hacia Angola significaba el ostracismo social, la expulsión universitaria, la pérdida del empleo o la cárcel.
Para la nación cubana, aquella guerra a diez mil kilómetros de distancia no representaba absolutamente nada; no estaba en juego la soberanía nacional ni el bienestar de nuestro pueblo. Para la cúpula de los hermanos Castro, en cambio, resultó ser un negocio altamente lucrativo y una plataforma de vanidad geopolítica. Mientras adolescentes recién salidos del Servicio Militar General caían en las selvas y sabanas africanas, La Habana aseguraba multimillonarios subsidios soviéticos a cambio de aportar la carne de cañón que Moscú evitaba comprometer directamente. Más aún, el régimen cobraba en divisas por los servicios prestados al gobierno angolano —llegando a la ironía de usar tropas cubanas para custodiar instalaciones petroleras extranjeras en Cabinda—, además de establecer una red de saqueo y contrabando de marfil, diamantes y maderas preciosas que saldría parcialmente a la luz durante los juicios de la Causa Número 1 en 1989.
El costo humano fue devastador y celosamente ocultado por el aparato de censura. Muchos de aquellos jóvenes no regresaron con vida, quedando sepultados en tierra extraña, y miles volvieron mutilados o marcados en silencio por el trauma psicológico de una carnicería ajena.
Durante años, innumerables madres cubanas recibieron notificaciones escuetas sin siquiera el derecho a velar los restos de sus hijos ni a cuestionar en público la razón de su sacrificio. Peor aún, quienes lograron sobrevivir encontraron a su regreso el olvido estatal, sin atención especializada ni pensiones dignas que compensaran las secuelas de la guerra.
La mayor ironía de esta tragedia la dicta el presente: aquella nación por cuya implantación marxista se derramó tanta sangre cubana tiene hoy un sistema capitalista de economía de mercado —con un fuerte componente de capitalismo de Estado— y funciona políticamente como una república presidencialista multipartidista. Mientras tanto, Cuba sigue sumergida en el mismo sistema socialista obsoleto que ha empobrecido y arruinado a nuestra nación, demostrando la absoluta inutilidad de aquel sacrificio impuesto por la dictadura.